La Justicia archivó la denuncia por el basural de Bragado y La Libertad Avanza salió a repudiar el fallo
La controversia ambiental e institucional en torno al predio de disposición final de residuos sumó en las últimas horas una definición judicial que desató una fuerte reacción política de la oposición local.
La Justicia archivó la causa por el basural de Bragado y La Libertad Avanza rechazó el fallo citando el principio precautorio
La controversia ambiental e institucional en torno al predio de disposición final de residuos sumó una resolución judicial clave y la inmediata respuesta política del bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA), integrado por Daniela Monzón, Paola Alsina y Andrés Drunday.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 del Departamento Judicial de Mercedes dispuso desestimar y archivar la denuncia penal impulsada en marzo contra el intendente Sergio Barenghi por presunta contaminación ambiental, omisión de deberes de funcionario público e infracción a la Ley N.º 24.051 de Residuos Peligrosos.
El fallo de la Justicia: sin acreditación de delito
En su dictamen, la fiscalía resolvió el archivo del expediente al sostener que «no puede advertirse, con el grado de acreditación exigido para proseguir con la acción penal, la existencia de un hecho penalmente típico ni la individualización de un autor penalmente responsable».
Los argumentos centrales expuestos por la UFI N.º 1 señalan:
- Informes técnicos: Inspecciones de la Policía Ecológica y la Dirección Provincial de Economía Circular concluyeron que no consta la presencia de residuos peligrosos ni se acreditó un peligro concreto para la salud pública derivado del consumo de agua.
- Actos de gestión: La fiscalía destacó los descargos del secretario de Gobierno, Esteban Burga —quien informó tareas de cercado y control del predio—, evaluando que la existencia de acciones de gestión resulta «incompatible» con una omisión dolosa por parte del Ejecutivo.
El comunicado de LLA: repudio, principio precautorio y crítica a la «complacencia judicial»
Ante la desestimación, los concejales de LLA hicieron público un duro comunicado de repudio en el que aseguraron que la decisión de la Justicia representa «un grave retroceso institucional y una alarmante desconexión con la realidad diaria que padecen los vecinos».
- Evidencias empíricas vs. tecnicismos: El bloque remarcó que los incendios reiterados, la humareda tóxica constante y la acumulación descontrolada de desechos «son evidencias empíricas de un daño que no puede ser invisibilizado por tecnicismos legales».
- Uso del marco legal ambiental: Invocando los principios de prevención y precautorio consagrados en la Ley General del Ambiente N.º 25.675, los ediles sostuvieron que se debe actuar preventivamente y criticaron que se intente «esperar a que existan casos masivos de intoxicación o una contaminación total de las napas para tipificar el delito penal».
- Reclamo de revisión: Calificaron la exoneración penal a la gestión municipal como una muestra de «complacencia judicial» que perpetúa un modelo insalubre de gestión de residuos.
Finalmente, Monzón, Alsina y Drunday exigieron que las autoridades competentes revisen la medida, se profundicen las pericias técnicas de manera independiente y se implemente de urgencia un plan definitivo de saneamiento y reconversión del basural.